Por Thomas Jimmy Rosario Martínez

Para 1983 fuí a trabajar como abogado asesor de la delegación del Partido Nuevo Progresista en el Senado. Entre las personas que me correspondió asesorar fue a los senadores Efraín Santiago, Luis A. Ferré, Miguel Miranda Conde, Rolando Silva,  Oreste Ramos y otros. También hice algunos trabajos a los senadores populares por encomienda de mi jefe, Efraín Santiago.

Para ese tiempo estaba en todo su apogeo el caso del Cerro Maravilla, en el que participé como espectador y haciendo resúmenes para Nicolás Nogueras, Efraín y Rolo Silva, quienes por la noche estaban en el programa Televisivo Análisis, refutando todo lo que se presentaba de día en las vistas. Estaba desde temprano en la mañana hasta entrada la madrugada en el Capitolio analizando leyes, testimonios, imágenes y escritos buscando la verdad de lo que había ocurrido en aquel terrible 25 de julio de 1978 cuando dos jóvenes murieron en medio de una emboscada.

Nosotros defendimos hasta lo último la posición oficial de que había habido un acto terrorista. No fue hasta que se solicitó inmunidad y se escucharon los terstimonios de unos policías, que se supo la verdad.

Como consecuencia de eso, posteriormente se creó al Fiscal Especial Independiente. La ocultación y manipulación de evidencia de parte de los policías, fiscales y otros funcionarios que se supone que actuaran con honestidad y verdad  trajo dudas sobre si los organismos de justicia podrían investigar y procesar casos de funcionarios públicos. Eso hizo necesario que se creara una oficina y unos oficiales que de manera independiente del oficialismo pudieran realizar esta tarea.

Vega Baja tiene una gran deuda con este sistema. Cuando un fiscal independiente recibió una prueba más dura fue cuando el Presidente del Senado la emprendió contra el abogado asignado al caso de Edgar Santana Rivera e incluso logró que el caso se paralizara por un tiempo. Eso de hecho lo hizo renunciar al caso a pesar de que tenía las manos limpias y era competente. La política partidista de Thomas Rivera Schatz quiso que se abortara el caso en 2011, pero no lo logró, porque el sistema funcionó.

Hoy día otro político del Partido Popular, sin fundamentos creíbles, quiere arrancar la existencia de la Oficina del Fiscal Especial Independiente. Su proyecto senatorial apenas tiene una página con la que quiere destruír muchos años y miles de páginas de documentos oficiales en su existencia. Claro que es más fácil destruír que construír y hacer un solo plumazo es más fácil que escribir una tesis.

Los vegabajeños debemos oponernos a la eliminación de la Oficina del Fiscal Especial Independiente. Siempre hay espacio para mejorar, pero eso no lo piensa aportar el Senador Dalmau porque lo que posiblemente está detrás de eso es simular una batalla contra la criminalidad que lo que obviamente busca es eliminar las instituciones a las cuales los corruptos de ahora no tengan que responder en el futuro.

Es otro político, del mismo cuerpo de legislación de Tommy Rivera Schatz y con la misma mesura de prepotente que les caracteriza cuando están con la fuerza del poder en sus manos.

Para los que no lo saben, el FEI actualmente tiene bajo investigación al ex-alcalde Iván Hernández y varios funcionarios de la pasada administración. Eso debe tener una decisión pronto sobre si encuentran o no causa para acusarlos. Ojalá que nada malo pase a los compueblanos, pero es algo que aun se debe aclarar, independientemente de las consecuencias.

El alcalde y la Legislatura Municipal deben oponerse a esta medida, por lo buena que ha resultado para nuestra ciudad en el pasado la Oficina del Fiscal Especial Independiente de Puerto Rico y lo oportuno que debe ser para nuestro futuro.