Por Thomas Jimmy Rosario Martínez DVPR

Me preguntan si finalmente el ex-alcalde Iván Hernández le podría pasar como a Pablo Casellas, debido a que los delitos que le imputan conllevan cárcel en caso de una convicción.

Siempre hay riesgo, pero hay que hacer una distinción. Pablo Casellas cometió un acto premeditado con los elementos de un delito de sangre. Lo de Iván ni siquiera se asoma a lo que hizo Edgar, que fue una actividad criminal continua de cuello blanco.

La utilización del poder público para beneficio propio es ilegal. Pero hay unas gradientes de los actos que permiten que se clasifiquen como señalamiento de irregularidad administrativa o como delito menos grave o grave y si es grave, con circunstancias agravantes. El resultado no es categórico, dependerá de lo que se imputa y de lo que se alega, si algo, por la persona a quien se le señale.

Dos de las personas procesadas por la Oficina de Etica Gubernamental por irregularidades cometidas durante la administración penepé, transaron una multa por una cantidad nominal y ejemplar y continuaron trabajando en el Gobierno Municipal de Vega Baja. Una de ellas llegó a ser Directora de Finanzas, lo que supone un conocimiento y conducta adecuado porque conozca las limitaciones a su cargo y las buenas normas de administración.

Lo que confunde a los incumbentes y a las personas con poder es que sobrepasan sus limitaciones. Hacen cosas que se creen que no se las van a reclamar ni a juzgar y en casos extremos, piensan que aun cuando se las reclamen, nada malo les pasará. Otros creen que si otro incumbente lo hizo  y no le pasó nada, que el estándar es que a nadie le pase nada aunque esté malo hacerlo.

Yo creo que los delitos que le imputan a Ivan son producto de la costumbre en el servicio público municipal. «Así lo hacía Luisito y no le pasó nada», solía escuchar decir cuando Edgar era el alcalde. Pero se les olvidaba que Luisito pasó un proceso en la Corte Federal, que fue iniciado y motivado políticamente y finalmente salió sin mácula, pero tuvo que enfrentar un proceso donde se le cuesionó públicamente su honradez.

Cuando Iván Hernández llegó a la alcaldía, quiso terminar con la corrupción que dejó Edgar Santana entre algunos empleados. Me consta que investigó a algunos, despidió a otros e hizo traslados poniendo lejos a gente que estaba cerca del poder. La divulgación de su error de juicio se inició entre los penepés desfavorecidos por su ascenso como alcalde al igual que la caída de Edgar comenzó con la espalda que le dió a los contratistas que se beneficiaban de su administración.

Cuando se publicó la grabación de Iván Hernández increpando a sus empleados por la falta de cooperación con su campaña política personal, parecía que el alcalde era el propietario del Gobierno Municipal. Ahí se olvidó todo el fundamento constitucional y legal del servicio público y se sustituyó por la esclavitud laboral y el recurso mental fue la prepotencia.

Afortunadamente, ese fue el principio y el final de la práctica incorrecta en su incumbencia. Su exceso no trascendió y en adelante, el alcalde pareció tener las manos atadas y no pudo desarrollarse ni triunfar política ni administrativamente. Ocho años como funcionario sin trascendencia y un epílogo innecesario al ser rechazado electoralmente y hasta acusado.

No me gustaría que pasara ni un día en la cárcel. No veo proporcionales sus actos, aun cuando fueran delictivos, con servicio en la prisión. Iván no organizó una mafia como Edgar ni dañó a personas inocentes a su paso respecto a esos actos. No lo hizo bien, pero también fue víctima de un entrampamiento de los que se quedaron y de una pobre desempeño en su experiencia previa en la Legislatura Municipal. El hizo lo que aprendió de la política marrullera que heredó, obviando lo que es obvio, que es respetar hasta la comas de las leyes y los reglamentos. Aprender que ser funcionario público no puede ser una profesión que dura toda la vida, sino un poder prestado por un tiempo fijo.

No me gustaría ver esposas en las muñecas de Iván en el mismo camino de Edgar Santana  y de Pablo Casellas hacia la cárcel de Bayamón. Cuando hay una condena de esa manera también los familiares reciben los efectos de la sentencia. Como vegabajeño, creo que un  castigo de prisión,  en el caso de Iván, no sirve ningún propósito. Tampoco creo que debe enfrentarse a un juicio. Su defensa debe buscar la vía de la transacción bajo las condiciones que sean útiles.

De cualquier manera él hizo la admisión pública, que es un suficiente acto de contricción social, perdió su cargo, las elecciones y aun la estima de los propios correligionarios de su partido. No tenemos que quemarlo en la hoguera.