Por Thomas Jimmy Rosario Martínez

Para 1983 fuí a trabajar como abogado asesor de la delegación del Partido Nuevo Progresista en el Senado. Entre las personas que me correspondió asesorar fue a los senadores Efraín Santiago, Luis A. Ferré, Miguel Miranda Conde, Rolando Silva,  Oreste Ramos y otros. También hice algunos trabajos a los senadores populares por encomienda de mi jefe, Efraín Santiago.

Para ese tiempo estaba en todo su apogeo el caso del Cerro Maravilla, en el que participé como espectador y haciendo resúmenes para Nicolás Nogueras, Efraín y Rolo Silva, quienes por la noche estaban en el programa Televisivo Análisis, refutando todo lo que se presentaba de día en las vistas. Estaba desde temprano en la mañana hasta entrada la madrugada en el Capitolio analizando leyes, testimonios, imágenes y escritos buscando la verdad de lo que había ocurrido en aquel terrible 25 de julio de 1978 cuando dos jóvenes murieron en medio de una emboscada.

Nosotros defendimos hasta lo último la posición oficial de que había habido un acto terrorista. No fue hasta que se solicitó inmunidad y se escucharon los terstimonios de unos policías, que se supo la verdad.

Como consecuencia de eso, posteriormente se creó al Fiscal Especial Independiente. La ocultación y manipulación de evidencia de parte de los policías, fiscales y otros funcionarios que se supone que actuaran con honestidad y verdad  trajo dudas sobre si los organismos de justicia podrían investigar y procesar casos de funcionarios públicos. Eso hizo necesario que se creara una oficina y unos oficiales que de manera independiente del oficialismo pudieran realizar esta tarea.

Vega Baja tiene una gran deuda con este sistema. Cuando un fiscal independiente recibió una prueba más dura fue cuando el Presidente del Senado la emprendió contra el abogado asignado al caso de Edgar Santana Rivera e incluso logró que el caso se paralizara por un tiempo. Eso de hecho lo hizo renunciar al caso a pesar de que tenía las manos limpias y era competente. La política partidista de Thomas Rivera Schatz quiso que se abortara el caso en 2011, pero no lo logró, porque el sistema funcionó.

Hoy día otro político del Partido Popular, sin fundamentos creíbles, quiere arrancar la existencia de la Oficina del Fiscal Especial Independiente. Su proyecto senatorial apenas tiene una página con la que quiere destruír muchos años y miles de páginas de documentos oficiales en su existencia. Claro que es más fácil destruír que construír y hacer un solo plumazo es más fácil que escribir una tesis.

Los vegabajeños debemos oponernos a la eliminación de la Oficina del Fiscal Especial Independiente. Siempre hay espacio para mejorar, pero eso no lo piensa aportar el Senador Dalmau porque lo que posiblemente está detrás de eso es simular una batalla contra la criminalidad que lo que obviamente busca es eliminar las instituciones a las cuales los corruptos de ahora no tengan que responder en el futuro.

Es otro político, del mismo cuerpo de legislación de Tommy Rivera Schatz y con la misma mesura de prepotente que les caracteriza cuando están con la fuerza del poder en sus manos.

Para los que no lo saben, el FEI actualmente tiene bajo investigación al ex-alcalde Iván Hernández y varios funcionarios de la pasada administración. Eso debe tener una decisión pronto sobre si encuentran o no causa para acusarlos. Ojalá que nada malo pase a los compueblanos, pero es algo que aun se debe aclarar, independientemente de las consecuencias.

El alcalde y la Legislatura Municipal deben oponerse a esta medida, por lo buena que ha resultado para nuestra ciudad en el pasado la Oficina del Fiscal Especial Independiente de Puerto Rico y lo oportuno que debe ser para nuestro futuro.

El gobernador Alejandro García Padilla se reunió ayer con el secretario asociado del Departamento de Justicia federal, Tony West, para comenzar a diseñar un plan modelo de seguridad para los residenciales públicos del país.

En la reunión, la primera que sostiene este grupo, estuvieron presentes por parte del Gobierno de Puerto Rico, la secretaria de la Gobernación, Ingrid Vila Biaggi; el secretario de Vivienda, Rubén Ríos Pagán; y el superintendente de la Policía, Héctor Pesquera. Por el Gobierno federal participaron de la reunión la fiscal federal Rosa Emilia Rodríguez; Benjamin Tucker, subdirector de la Oficina Nacional de Política Publica para el control de Sustancias Controladas;el secretario del Departamento de Vivienda federal, Maurice Jones, quién se unió en teleconferencia; y personal de Vivienda federal.

En el encuentro García Padilla planteó que su administración busca atender los problemas de seguridad y evaluar su eficacia desde una perspectiva integral. En ese sentido señaló que “un enfoque responsable y sostenible requiere compromiso, sensibilidad y el esfuerzo conjunto del gobierno y grupos representativos de la comunidad”.

La iniciativa busca establecer un modelo interagencial de intervención social que conecte iniciativas comunitarias con programas gubernamentales de prevención e investigación criminal. El proyecto contará con componentes de desarrollo económico, organización comunitaria, cultura, recreación y deportes. Para ello, escogerán los residenciales con mayor población de menores de edad para un proyecto piloto que se diseñará de acuerdo a indicadores tales como niveles de embarazos en adolescentes, violencia de género, incidencia criminal, deserción escolar y número de menores de edad. El grupo de trabajo se reunirá en agosto para darle seguimiento al proyecto.

El pasado 28 de junio, a eso de las dos de la tarde y por cerca de tres horas estaba en la Oficina de Bayamón de la Colecturía del Departamento de Hacienda haciendo turno entre un gran grupo de ciudadanos para obtener el marbete del auto.

Se dió instrucciones de formar dos filas, una de pie y otra sentada para personas impedidas con carnet del estado. En mi situación, a la vista se puede advertir mi impedimento y actualmente sobrepaso la edad mínima por bastante para ser atendido como anciano.

El Guardia de Seguridad Don Jorge Luis Santiago me ubicó en la última silla y esperé mi turno. Cuando me toca para someter los documentos y pagar los correspondientes derechos, un funcionario, de nombre «René», con voz de trueno, me indica que pase a la cola de «los parados»porque se atendería allí solamente a aquellos impedidos que tuvieran los documentos de su automóvil con su propio nombre y que eso era una regla estricta del colector. Hasta el momento, nadie había dicho lo contrario ni estaba a la vista para que lo leyera el usuario.

El prepotente y altanero funcionario, en voz alta, quizás molesto de atender tanta gente y no tener la capacidad ni la tolerancia, no me permitió explicarle mi condición de impedido. Yo no creo que hubiera podido resistir una segunda fila parado y menos a la «cola»como pretendía irrazonablemente el tal «René».  Le indiqué de cualquier manera que el mismo policía había visto mi credencial de impedido y me había dicho en qué fila esperar y que era injusto que vinieran con una nueva regla incoherente e inusitada.

Al indicarle que interesaba hablar con su superior, me indicó que fuera a la Colectora, Mrs. Rodríguez. Esta estaba contando dinero y prefirió proteger los desmanes de su subordinado a dar atención a un reclamo de un ciudadano. Otra empleada me dijo que ella estaba muy atareada contando dinero.

En fin, no pude cumplir con mi deber de ciudadano y con mi interés de pagar los derechos de mi vehículo, cual es mi obligación, por la ineficiencia, indolencia, irresponsabilidad e insensibilidad de unos empleados y funcionarios que allí estaban.

Por último, cuando ya no vi solución ni atención adecuada, me identifiqué como miembro de la Prensa, no con el propósito de obtener una ventaja, sino en anticipo de que denunciaría este acto públicamente e informaría a todas las agencias fiscalizadoras de la violación que se me hizo a mi condición de edad y de incapacidad.

Esta situación no puede repetirse con nadie. Uno tiene medios para quejarse pero la mayor parte de los ciudadanos que reciben este mismo trato generalmente piensan que los funcionarios tienen la razón y no es así. Los empleados públicos son personas al servicio de los ciudadanos, pueden establecer reglas, pero estas no pueden ser discriminatorias ni abusivas.

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Nota Editorial: Nuestro respaldo completo al compañero Fernando Acobe, quien es periodista de la Voz Hispana de Nueva York y del Diario Vegabajeño de Puerto Rico, además de ser autor del libro Albedrío y coautor de ¿Cómo era Muñoz Marín?, entre otras publicaciones. Fernando es una persona culta y de suaves modales, no es pretencioso ni nunca hemos conocido de situaciones de violencia verbal o escrita de su parte. Al examinar los hechos luego de que los investigamos, no podemos menos que pedir a las autoridades gubernamentales que corrija esa situación indeseable que no solo existe en esa agencia, sino en muchas otras dependencias estatales.

24 de junio de 2013 – La Fortaleza – La secretaria de la Gobernación, Ingrid Vila Biaggi, afirmó hoy que el Ejecutivo se mantiene en diálogo constante con las cámaras legislativas para asegurar que el proceso de aprobación final del presupuesto del país para el año fiscal 2013-2014 sea uno sensible, responsable y en sintonía con las prioridades de país, tal como se acordó en las pasadas semanas.

«Nos sentimos satisfechos con los acuerdos logrados durante las pasadas semanas y aprobado el pasado sábado por la Cámara de Representantes. Acerca de los cambios incluidos anoche en el Senado, es necesario realizar los análisis económicos de las enmiendas presentadas para constatar su viabilidad en el marco del presupuesto planteado, lo que podría incidir en el proceso de aprobación, esto debido a que algunas de ellas no estaban contempladas en los acuerdos originales. No obstante, confiamos en que antes de que culmine esta semana tendremos un nuevo presupuesto para continuar con la reconstrucción del país», destacó Vila Biaggi.

El representante Héctor Torres, miembro de la Comisión de Educación y su Presidenta, la representante Brenda Lopez de Arrarás, efectuaron una vista ocular a la escuela Segunda Unidad Adelaida Vega del barrio Maricao en Vega Alta y en la que observaron  las malas condiciones físicas y de peligro para los estudiantes que estudian en dicho plantel.

Los representantes se comprometieron con la Directiva de padres y maestros  en darle máxima prioridad a dicho asunto.

Nadie ha dado explicaciones porqué se fue, pero el Registro Demográfico falta en Vega Baja. Si bien es cierto que se puede conseguir un certificado por medio del Internet, no todo el mundo tiene acceso.