Por Miguel A. Ojeda Trinidad

En la última sesión del pasado año fiscal 2014-2015, se supone que se consideraría el presupuesto para el año fiscal vigente. El presupuesto  es una propuesta que hace la rama ejecutiva para que la rama legislativa del Gobierno Municipal y que luego de varias reuniones y un informe de comisión, el mismo se apruebe o se rechace. No aprobarlo es equivalente a consentirlo por una disposición de la Ley de Municipios Autónomos.

Cuando esa fue la decisión de la delegación del Partido Popular en la Legislatura Municipal, se perdió el trabajo de investigación y de análisis que habíamos hecho los legisladores y se consintió tácitamente a una reducción en el poder de fiscalización al reducir la cantidad de dinero para el funcionamiento efectivo de la rama.

Obviamente, eso le conviene al Poder Ejecutivo, representado por el Alcalde Marcos Cruz Molina, porque así se analiza menos las actuaciones del Alcalde en un año pre-eleccionario, donde tiene que demostrar obras para presentarse ante el electorado y obtener el favor de una reelección.

El alcalde utilizó una estrategia politiquera mediante la manipulación del presupuesto. El conoce lo que es un conflicto ético porque en Vega Baja ha habido esa  experiencia indebida entre populares y penepeístas en el pasado. Pero el mismo propició, con el nombramiento de familiares de los legisladores municipales a la rama ejecutiva, con conocimiento e intención, controlando y amarrando sus futuros votos dentro del hemiciclo de la Legislatura Municipal.

El alcalde creó el conflicto que hoy día se encuentra pendiente de una opinión de la Oficina de Ética Gubernamental. Desafortunadamente, el vínculo débil y víctimas por consentimiento son algunos legisladores municipales de su propio partido, que tuvieron que inhibirse en la votación del presupuesto y al no tener los votos para aprobarlo, lo dejaron sobre la mesa, que es lo mismo que si nunca se hubiera enviado desde el Poder Ejecutivo al Poder Legislativo, en un burdo ataque a la democracia vegabajeña.

Más elocuente es el silencio de los legisladores municipales populares. No quieren confirmar ni negar, como hacen los federales efebeístas. Sólo esperan una opinión de la agencia exterior concerniente, mientras se paga a un abogado internamente para que asesore y les diga lo que dice la ley y la experiencia. O sea, que el limbo es el lugar donde reposan sus palabras no dichas. Y eso puede repetirse, porque los conflictos continúan.

Así como es en San Juan, donde el Gobernador Alejandro García Padilla engaña a la Asamblea Legislativa  sin información, con información falsa o a medias con la orden como caudillo partidista de que le aprueben sus proyectos, el alcalde de Vega Baja, en contubernio con algunos legisladores municipales populares premiados, bailan la salsa peligrosa que algún día los dejará con la lengua por fuera, sin aliento, porque se habrán esforzado más en hacer lo impropio, para producir artificialmente los resultados que quieren. Eso es borrachera de poder, excesos que tienen un final infelíz.

El daño podría no tener remedio. Lo único que puedo sugerir es que para que el perjuicio no sea recurrente, agravado y que no tengan que sufrir el escarnio público aun cuando una decisión oficial les favorezca, que las personas implicadas renuncien a sus nombramientos y puestos de inmediato, donde aun hay espacio para explicar la ignorancia, la buena fe o la falta de intención.

En Maricao hay un caso extremo que puede servirles de ejemplo. En Vega Baja hay dos ejemplos con la tía y la sobrina y el caso de la Directora de Finanzas Myrna Rivera y su hermano.

La ignorancia de las leyes, no excusa su cumplimiento. Mi percepción es que la historia de la corrupción nunca termina, que una vez son unos y después los demás. La terrible realidad es que la mancha a veces precede o antecede a personas decentes como son mis compañeros legislativos y el mismo alcalde.

En realidad, no los quiero ver cayendo. Pero los percibo un poco prepotentes con el poder. Ese es el camino equivocado.