Dos empleados municipales declararon esta tarde que a un mes de que el alcalde Iván Hernández González asumiera la jefatura del municipio de Vega Baja, participaron en una reunión en la que se estableció el pago de una cuota mensual para respaldar su campaña primarista con miras a su candidatura en las elecciones de 2012.

En diciembre de 2011, el Comité Municipal del Partido Nuevo Progresista (PNP) escogió a Hernández González como alcalde luego que el alcalde vegabajeño Edgar Santana resultó convicto por cargos de soborno el 14 de noviembre del 2011.

En la vista preliminar que se sigue contra Hernández González por supuestamente utilizar el cargo para pedir aportaciones políticas, Maribel Pabón Villanueva y Wilfredo Rosado Ortiz, explicaron que el pago de esa cuota obligatoria se calculó según el salario que devengaba cada empleado de confianza del ayuntamiento.

Ante la jueza Agnes Orriola Collado, del Tribunal de Bayamón, Pabón Villanueva, entonces secretaria ejecutiva del imputado, explicó que el 17 de enero de 2012 convocó al «staff» del alcalde a una reunión en el Comité del PNP a petición de José Ayala, director de la Oficina de Manejo de Emergencias municipal y director de campaña del alcalde.

Dirigida por las preguntas de la fiscal especial independiente, Iris Meléndez Vega, contó que realizó las llamadas desde la oficina del alcalde.

Detalló que la reunión estuvo presidida por Ayala, el alcalde y su hermano Luis Hernández.

«Ayala fue el primero que se dirigió a nosotros. Nos dijo que estábamos allí porque se iba a establecer una cuota para la campaña y que se iba a leer cuánto iba a ser el pago mensual de cada empleado de confianza de acuerdo a su salario», apuntó.

«El alcalde participó de la reunión y lo mismo; dijo que se iba a establecer la cuota para la campaña de las primarias y luego las elecciones… que la cuota iba a salir del salario de lo que cobrábamos por el trabajo en el municipio», agregó.

En el caso de Pabón Villanueva debía pagar una cuota mensual de $50, pero realizó un pago el primer mes de $25 porque enfrentó problemas con su vehículo.

La testigo, que en mayo del 2012 fue movida a otra posición de menor jerarquía y eventualmente despedida, declaró que convocó a una segunda reunión del equipo de confianza del alcalde en la alcaldía también a petición de Ayala.

Esa reunión se celebró el 27 de febrero de 2012 en el salón de conferencias de la oficina del alcalde, cuya puerta queda a unos siete pies de su escritorio.

Pese a que no participó de la reunión porque llegó tarde del almuerzo y no se atrevió a entrar, escuchó al alcalde reclamar a los asistentes a la reunión su decisión de aceptar como amigos en Facebook a su contrincante José Galán.

También escuchó a Hernández González soltar el comentario «para que los quiero si no van cooperar en la campaña».

Rosado Ortiz, por su parte, testificó que solo participó en la reunión del 17 de enero.

Durante la reunión Ayala ofreció detalles de la cuota que se iba a imponer a partir de la próxima quincena.

El testigo, que en ese momento dirigía la oficina de Servicios Generales, relató que interrumpió a Ayala para pedirle una explicación por la determinación e indagar sobre la forma en que se iba a hacer la deducción. También le recordó que los empleados municipales tenían una jornada reducida de seis horas de trabajo diarias.

Rosado Ortiz pidió que el alcalde, que había salido del comité, entrara a explicar el asunto.

«(El alcalde) dijo que todo el mundo tenía que hacer sus sacrificios y ajustes. Que la cuota era para sufragar los gastos del comité y la campaña», apuntó.

«Cuando me contesta de esa manera le pregunto que si nos podemos sentar a revisar la tabla, que era mucho dinero y él dijo que sí, que se podía revisar», agregó el hombre que ayudó a reclutar los delegados municipales que votaron por Hernández González.

Finalmente el testigo decidió no pagar la cuota de $75 porque «no estuve de acuerdo».

Como la otra testigo, Rosado Ortiz fue transferido a un puesto inferior en mayo del 2012 como administrador del cementerio. Todavía labora en el ayuntamiento.

En el contrainterrogatorio a ambos testigos, el licenciado Gabriel Rubio Castro enfatizó en que la reunión del 17 de enero se realizó fuera del horario de trabajo y que al cónclave asistieron otras personas además de los empleados de confianza del alcalde.

También resaltó en que ambos testigos eran militantes activos del PNP y que acostumbraban realizar trabajo político de forma voluntaria en su tiempo libre.

En el caso de Pabón Villanueva, trató de establecer que la mujer perdió su posición por su decisión de no querer firmar contrato nuevamente como empleada de confianza.

Hernández González enfrenta una violación al artículo 255 del Código Penal del 2004 por aprovechamiento ilícito de trabajos o servicios públicos y dos violaciones a Ley de Ética Gubernamental.