Por Miguel A. Ojeda Trinidad, Legislador Municipal, Portavoz Partido Independentista Puertorriqueño

Recientemente la esposa de Aníbal Acevedo Vila, exgobernador de Puerto Rico y cabildero de una compañía de distribución de combustible en Puerto Rico ante la Asamblea Legislativa, indicó que se abstendría de intervenir en decisiones sobre el aumento a la gasolina. Eso lo hizo luego que la presión pública, especialmente de analistas como Jay Fonseca, cuestionaran su intervención. Ella se vió obligada a confrontar el evidente conflicto de intereses entre sus deberes y responsabilidades como legisladora y las gestiones profesionales de su esposo en favor de sus clientes.

Eso nunca debió llegar a la palestra pública. Se presume que dos esposos que tienen comunicación, una sociedad de gananciales por su matrimonio y que reflejan una unidad familiar sin tacha conocida, sepan de los negocios de cada cual. Y aunque es cuestionable que Acevedo Vilá, quien obtuvo información privilegiada siendo gobernador y que aun pertenece al partido de gobierno se aproveche de sus relaciones para empujar legislación favorable al sector que representa, más evidente se hace no sólo la participación sino aun la abstención que La Sra. Gándara de Acevedo ha hecho. Esta nueva posición opera como un voto en contra de la crudita, pero la priva de expresarse libremente, como debía ser, para poder definir dónde están sus lealtades.

Situaciones como esa he visto en la Legislatura Municipal de Vega Baja. Son compañeros a quienes aprecio, quienes innecesariamente se ven envueltos en conflictos de intereses. De hecho, el alcalde Marcos Cruz había establecido que ningún legislador electo se convirtiera en empleado municipal y lo ha logrado, pero aun quedan residuos de relaciones comprometedoras entre el poder legislativo y el ejecutivo, cuando se nombran a cónyuges de legisladores a cumplir responsabilidades dentro del poder ejecutivo. Eso puede provocar situaciones embarazosas a mis compañeros legisladores y a sus esposos, esposas y otros parientes.

Esto puede evitarse. El primer paso lo deben dar los partidos políticos procurando que no se repita la participación familiar en cargos o puestos relacionados. Cuando los partidos nombran a familiares dentro de la Legislatura Municipal para ocupar el puesto de legislador municipal o para un empleo en los pocos puestos que hay en la Legislatura Municipal, automáticamente se crea una barrera de unidad entre los familiares que priva la libertad de expresión y de actuación entre ellos, perjudicando el desarrollo normal de los procedimientos en favor de los residentes de Vega Baja.

Les pongo de ejemplo a casos de la pasada legislatura municipal donde el alcalde era el hijo de un legislador y los esposos y las esposas de algunos trabajaban, siendo parte del poder legislativo que tenía que fiscalizar, en el poder ejecutivo que tenía que ser fiscalizado. Algunos justifican diciendo que una dupleta o tripleta de familiares no hacen mayoría o que como es el mismo partido el que controla ambas ramas y no como entre 1977 y 1980, que el alcalde y la Legislatura Municipal eran de distintos partidos, pues no hay conflicto. Ese criterio está equivocado y la historia reciente lo prueba.

La ética de un funcionario o un empleado público se juzga individualmente. Los castigos por errores cometidos se aplican por la gravedad o negligencia y situaciones similares pueden conllevar desde una amonestación hasta el encarcelamiento. Aquí en la Legislatura Municipal trabajamos con el dinero del pueblo, no el nuestro. Por eso no podemos mezclar nuestro dinero individual, conyugal, profesional con los asuntos de gobierno porque nos puede pasar lo mismo que a las legislaturas municipales anteriores en Vega Baja que fueron señaladas por el Contralor o a funcionarios y empleados del poder ejecutivo local que han recibido sanciones. Como Edgar Santana, alcalde que fue encarcelado, el asesor financiero Irving Piñeiro que fue multado y ordenado su restricción domiciliaria, al otro alcalde Iván Hernández, que fue multado con una cantidad generosa por la Oficina de Etica Gubernamental y aun enfrenta juicio criminal próximamente, a las directoras de Finanzas y Recursos Humanos multadas por conflictos con familiares y a otra empleada que aun trabaja en el Gobierno Municipal por otro exceso.

Tenemos que afinar nuestra moral y ajustarla a la ley. Esta nos dice que tenemos que ser correctos y nos da guías y ejemplos para ser buenos funcionarios de ambas ramas sin que tengamos que caer en una situación innecesaria.

Un funcionario o empleado desviado a veces trata de justificar sus actos con subterfugios legales y explicaciones de alegados odios externos, pero como vegabajeños hay un sentido de  vergüenza pública ante la comunidad y los demás pueblos de Puerto Rico cuando creamos fama por lo mal que administramos o fiscalizamos.  A los que nada tuvimos que ver con eso nos pone en una posición de sospecha continua y de mal ejemplo para la comunidad. por lo que prevenir haciendo bien es nuestra fórmula para crear buenos funcionarios y empleados públicos.