Por Thomas Jimmy Rosario Martínez
Un verdadero estadista -no estaoísta- u hombre o mujer de estado se le llama a aquellos políticos en el poder que verdaderamente se preocupan por el interés común de los ciudadanos y nunca por el interés particular de sus huestes particulares o los personales.
En las campañas, ningún candidato anticipa que va a favorecer los de su partido cuando tenga que hacer nombramientos, pero siempre terminan haciéndolo. Lo hizo Angel Sandín, trayendo como su principal colaborador a una persona de su confianza y hasta históricamente vinculado a su familia desde los tiempos de la esclavitud. Rafael Cano, Luisito Meléndez, Edgar Santana, Iván Hernández y aun Marcos Cruz pueden haber nombrado una que otra persona de otro partido en los puestos y cargos, pero no es lógico ni práctico que se escoja gentes identificadas con otros partidos.
El propósito es crear un ambiente de control. Que no salgan públicamente los errores ni posiblemente señalamientos de las autoridades fiscales y que los trapos se laven en casa. Eso, es contrario a derecho porque se presupone, al menos con los trabajos temporeros y los que no sean de confianza, que no se discrimine. Pero solapadamente lo hacen, creando un problema de largo plazo a la calidad del servicio público, impenetrable para el mejor talento que necesita una estructura gubernamental.
El problema de los trabajos de empleados comprometidos con los partidos políticos es que en algún momento el salario se disminuye cuando se crea la obligación de servir políticamente. Aparece en el panorama una especie de esclavitud y lealtad que derrota todos los principios de ética gubernamental. Se violan leyes y se deja atrás el concepto de servidor público. Los jefes piensan que tienen derecho de vigilar a los que no sirvan a los intereses de los candidatos y lo que debe ser un servicio de calidad, se convierte en distancia e insuficiencia en las unidades de trabajo.
Uno de nuestros alcaldes, arengando a los empleados les dijo que ellos eran tan permanentes como él, implicando que si no era reelecto, la responsabilidad era de los empleados municipales de Vega Baja que pertenecían a su partido. La torpeza le costó no solo no ser reelegido, sino incluso, ser sometido a la justicia.
Aires triunfalistas o temor de derrota a veces confunden el deber político partidista y la lealtad a personas en el poder. Los excesos en el servicio público están legislados y se puede acusar a cualquiera que infrinja las leyes durante o después de su incumbencia. Y la complicidad no tiene defensa posible.
No hay pues, noviazgo ni matrimonio entre el servicio público y la política partidista. No hay líneas finas, son mundos distintos. Todos los empleados municipales son responsables de guardar esta distancia.
Archivo del Diario Vegabajeño de Puerto Rico Segunda Etapa de Diciembre 2012 a Octubre 2016 