EDITORIAL
El pasado sábado, una empleada de una tienda del Centro Comercial del este de Vega Baja llamó a la Policía de Puerto Rico porque le habían robado un teléfono celular. Un oficial, con una información equivocada o inventada, detuvo a varias personas en el área de Montecarlo y les instruyó a que les siguieran hasta el establecimiento.
Allí, la empleada inmediatamente dijo que no era ninguno de los individuos que se habían detenido. Posteriormente, se les instruyó para que fueran el sábado en la mañana al ellos querer interponer una querella contra los policías.
El Sargento González Figueroa, Placa 8-18846, había citado a los detenidos con el propósito de hacerlos desistir de la querella contra el guardia, ya «que no había violación alguna de derechos civiles y quería darles una lección de lo que eran derechos civiles». El presumido Sargento, que no es abogado para dar consejos legales y menos en la posición que ostenta, lo que quería era que los ciudadanos desistieran de su intención. Cuando la persona que asistió a recibir la «cátedra» del oficial le reclamó que eso no estaba correcto, el amenazó con seguir la investigación contra los ciudadanos, en un acto prepotente, de carpeteo ciudadano y de obvia intimidación.
En los últimos años hemos visto cómo la Policía Estatal en Vega Baja ha ido disminuyendo en su calidad de servicio y atención al ciudadano. Las querellas no se preparan, tratan de que desista el ciudadano contándole cuentos de camino y le dicen que se puede tardar hasta un año para radicarse una denuncia. Esperan que la persona, de cansancio, se olvide del asunto.
Los comerciantes hace muchos años que no informan los escalamientos porque los policías no llegan y cuando llegan no se toman las huellas porque no hay quien se ocupe de los casos pequeños. Ellos alegan falta de personal, pero en realidad lo que hay es una desidia generalizada de parte de los policías, alentados por superiores como el Sargento González Figueroa que de arriba protege a los de abajo.
La forma como se procedió desde el primer momento, llevando a las personas detenidas para que fueran a enfrentarse cara a cara con la supuesta víctima, obvia el procedimiento establecido por ley. Si alguno de los detenidos hubiera sido identificado por la dama, la identificación estaría viciada y no se hubieran podido formular cargos contra el ladrón. El Sargento González Figueroa, por su parte, trató de encubrir a sus subordinados y en un acto ilegal, intimidó al detenido que nunca hizo nada ilegal.
La Policía de Puerto Rico se supone que defienda la vida y la propiedad. No puede violar derechos en el proceso criminal porque hay reglas de evidencia y de procedimiento criminal que hay que cumplir y además una Carta de Derechos de rango constitucional que va sobre toda ley, reglamento u órden. Tal parece que el Sargento González Figueroa no conoce lo que tiene que practicar con precisión o tiene mañas que no son propias de un oficial de órden público.
Hace algunos años hubo oficiales corruptos en la Policía Municipal y la Estatal asignados a Vega Baja que comenzaron quebrando la ley en asuntos pequeños. Su exceso de confianza los llevó a creerse inmunes y a resolverlo todo dentro de su mundo de trabajo y compañerismo. Por una parte eran selectivos en la radicación de denuncias y acusaciones y por otra parte le daban a la mafia de la droga protección. La historia de los robos de furgones y mas recientemente, la de las escoltas policíacas a cargamentos de droga, todos lo recordamos. Incluso hay personas que estimamos, que cayeron en esa vorágine y acabaron en la cárcel.
La actitud displicente y prepotente tiene que terminar en la Policía de Puerto Rico, por lo menos en nuestra ciudad de Vega Baja. No pueden seguir faltándonos el respeto y jugando a que somos ignorantes. Ustedes, de vigilantes, hoy día son los vigilados por el pueblo, que son quienes pueden fiscalizarlos.
No sabemos quien es ni de donde vino el Sargento González Figueroa. Tampoco queremos saberlo, porque no estamos persiguiéndolo ni lo vamos a hacer. Quienquiera que sea, aparenta tener un problema de personalidad y de orientación sobre lo que debe hacer en su trabajo.
Amerita que sea examinado antes de que vaya a cometer un error, si no lo ha cometido ya. Eso debe estar en el récord público, por si su nombre surge de nuevo con otra controversia.