Por Thomas Jimmy Rosario Martínez DVPR

La decisión del Tribunal de Primera Instancia de San Juan de esta tarde no es de obligatorio cumplimiento, pero es ejemplar.

El Gobierno Municipal de San Juan tiene que obedecerla, pero como no fue emitida por el Tribunal Supremo de Puerto Rico, no crea precedente. Pero es importante advenir en su conocimiento porque se trata de las limitaciones de los poderes municipales y en especial de una alcaldesa desordenada y caprichosa que acostumbra a no respetar las leyes ni la Constitución y a hacer mucho daño con sus posiciones olímpicas con los empleados municipales y los ciudadanos.

En Vega Baja ha habido varias decisiones judiciales que limitan los poderes de los alcaldes y de la Legislatura Municipal. Se ha decretado inconstitucional en el pasado la ordenanza de cierre de negocios, la ordenanza de lugares de máquinas de  diversión y otras. Se le ordenó al alcalde la producción de información ante la negativa de Edgar Santana de proveerla a la periodista Wilma Maldonado Arrigoitía y Primera Hora. Recientemente se multó al Gobierno Municipal de Vega Baja en la Corte Federal en el asunto de los Testigos de Jehová.

¿Porqué ocurre esto? Primero, porque no existen derechos absolutos. Para eso, los que crearon la Constitución dividieron el poder público en tres partes, dándole a cada uno distintas funciones y haciendo lo que se conoce como balance de poderes. Los gobiernos municipales aunque emanan de la Constitución de Puerto Rico, tienen una categoría de subordinación pues quien le da forma es la rama legislativa, que aprueba los proyectos de ley, el gobernador o rama ejecutiva  que los aprueba y los tribunales, que  interpretan.

Súmele a esos controles de su creación, las limitaciones de su ejecución. Hay un completo catálogo de derechos constitucionales para los ciudadanos que pueden anteponer a los excesos de los alcaldes y los funcionarios municipales. Todos los derechos conocidos, como los que no permiten el discrímen por razón social, religión, expresión, asociación, etcétera, se pueden reclamar ante o contra las personas que los violen bajo el manto del alegado poder municipal.

Los funcionarios y empleados municipales son servidores públicos, o sea que le dan servicio a los ciudadanos.  Ese es su trabajo. Desde el momento en que transgreden esas fronteras y se creen investidos de una clase superior que puede abusar, o sea, ir más allá del uso o de lo usual, lo que están haciendo es atribuírse un poder que no tienen.

Si quieren conocer la experiencia del abuso de un Alcalde, una Legislatura Municipal y de distintos funcionarios municipales en Vega Baja, lean los informes del Contralor de Puerto Rico. Hay quien dice que como los contralores generalmente no son abogados, no son persuasivos sus informes. Pero el sentido común y las buenas costumbres no se legislan.

Irving Piñeiro, el aesor económico del alcalde, acostumbraba burlarse del Contralor de Puerto Rico. Así pasó a la historia cuando se intervino la Junta de Retiro de Maestros donde fue designado y se encontraron irregularidades que él mismo provocó. En la situación de Vega Baja no aparece en los informes debido a que decidió no ser funcionario para ganar más por contrato, no perder su retiro y poder traquetear más, por lo cual salió convicto y condenado aunque su nombre no aparece en los devastadores informes locales del Contralor.

La sentencia de San Juan nos atañe a todos. Se pretendió violar los derechos constitucionales bajo el pretexto de más seguridad. El tribunal encontró que la propuesta era irrazonable y la alcaldesa dijo que se llegaría a un acuerdo que nunca llegó porque nunca trajeron el protocolo al tribunal. Después de paralizar las pretenciones, Carmen Yulín, como niña rabiosa, empezó a repartir culpa por lo que aun no había ocurrido.

Hay algo malo en esa alcaldesa, como también lo hubo en Santini. No es que ella no sepa. No es que esté mal informada. Sin darse un palo en la Sanse, está borracha de poder.

No hay duda. Tiene que ir a rehab.

Lea la opinión de la Juez, Hon. Giselle Romero García