Se duplica el déficit en Cataño
La deuda pública acumulada sobrepasa los $40 millones. Uno de sus asesores en sana administración resultó convicto por corrupción en caso de Vega Baja.
Wilma Maldonado Arrigoitía
wilma.maldonado@gfrmedia.com
El dinero comprometido en transacciones contractuales también se acortó de casi $76 millones en el 2005-2008 a $32.2 millones en el cuatrienio 2009-2012. En los primeros 27 meses del presente cuatrienio, también bajo la administración del popular Rosario Meléndez, se han firmado contratos que ascienden a $16.5 millones.
La transacción más importante que ha tenido el municipio de Cataño por los pasados diez años ha sido con la empresa Integrated Emergency Medical Services & Management of Cataño, Inc. para la operación de Centro de Diagnóstico y Tratamiento (CDT) Eulalia Kuilan.
En el cuatrienio 2009-2012, el ayuntamiento firmó contratos por más de $10 millones con esta compañía, que es representada por Héctor Flecha Flores. Entre el 2013 y 2014, los convenios con Integrated ascienden los $6 millones. Esta firma se incorporó en el 2002 y administra otras facilidades de salud en el área este del país.
El municipio estaba a cargo de la administración del CDT hasta que en el 2005 privatizó su operación a la empresa Medical, Pharmacy & Laboratory Admnistrative Service, Corp. La compañía, de Miguel Robledo Gómez y Víctor Díaz, obtuvo contratos de servicios superaron los $7 millones.Contratos al margen de la ley
Salud gratuita para el exalcalde y su familia
El exalcalde Soto Molina fue investigado y en el 2007 el Departamento de Justicia refirió a la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (OPFEI), luego que una investigación de El Nuevo Día, y posteriormente corroborada por una auditoria del Contralor, revelara que entre el 2003 al 2007 en la farmacia del CDT le despachaban medicamentos de forma gratuita a Soto y a su esposa Elisabeth González.
Además, ni al ejecutivo municipal novoprogresista ni a su esposa se les facturaba por las consultas y visitas médicas que procuraban en el CDT. Posteriormente, el Alcalde pagó por esos servicios. La OPFEI determinó no asignar un FEI por estos hechos.
Sin embargo, en el 2011, Soto Molina fue encontrado culpable por violaciones a la Ley de Ética, relacionadas con un contrato que otorgó para el recogido de escombros tras la tormenta Jeanne en 2004 a la empresa Oram Engineering. Entre enero de 2004 a agosto de 2006 esta firma obtuvo contratos con Cataño por $4.3 millones.
Convicto por corrupción fue asesor de sana administración
Uno de los principales consultores de Soto Molina fue Irving Piñeiro, quien fue contratado para que asesorara, entre otras cosas, en el cumplimiento con los requisitos de sana administración que requiere la OCPR. Entre el 2005 al 2008, Piñeiro tuvo contratos por $292,123.20 con Cataño.
Este consultor también fue asesor del ex alcalde de Vega Baja, Edgar Santana. Entre el 2011 y 2012, en procesos separados, Soto Molina, Santana y Piñeiro resultaron convictos por actuaciones relacionadas con corrupción gubernamental.