Por Thomas Jimmy Rosario Martínez DVPR
Hace algunas décadas atrás un vecino del Tosquero, un sector al sur de Ojo de Agua y colindante con la carretera 155 fue a buscarme a mi casa debido a que su hijo había sido arrestado por la Policía y se le iba a acusar por un escalamiento a un local comercial junto a otros vecinos de Ojo de Agua.
El jóven de 18 años era monaguillo en la Iglesia de Jardines de Vega Baja. El dueño del negocio era compadre del Juez y a la vez el Juez era cliente del comerciante y le debía dinero. Esa noche del viernes me dirigí a la Oficina del Cuerpo de Investigaciones Criminales donde el Juez ya tenía, sin haber escuchado aun la prueba, la determinación de causa contra mi representado. Le reclamé este detalle al Juez quien me dijo que el conocía el caso y que le iba a poner una fianza de cien mil dólares para que lo ingresaran esa noche, pasara el fin de semana en la cárcel y los demás presos «le comieran las nalgas».
No pude evitar esa atrocidad pero el lunes a primera hora radiqué una moción de rebaja de fianza en el Tribunal Superior donde la Juez Superior que atendió el caso, me dijo: «Rosario, toda rebaja de fianza que me llega de ese juez tiene una presunción de que viola la disposición constitucional de razonabilidad. Con la apobación del fiscal si así lo entiende correcto y sin necesidad de pasar prueba, le rebajaré esa fianza a cinco mil dólares».
El jóven fue absuelto en sus méritos posteriormente por el Juez David Urbina.
A ese juez se le hizo otras imputaciones relacionadas con favorecer abogados relacionados profesionalmente con su esposa, que también era abogada y otro abogado consiguió que el Tribunal Supremo atendiera una moción de inhibición permanente. Posteriormente desapareció de la judicatura y de la profesión legal.
El mundo de la judicatura no ha sido perfecto en Puerto Rico ni tampoco en Vega Baja.