El pasado 28 de junio, a eso de las dos de la tarde y por cerca de tres horas estaba en la Oficina de Bayamón de la Colecturía del Departamento de Hacienda haciendo turno entre un gran grupo de ciudadanos para obtener el marbete del auto.
Se dió instrucciones de formar dos filas, una de pie y otra sentada para personas impedidas con carnet del estado. En mi situación, a la vista se puede advertir mi impedimento y actualmente sobrepaso la edad mínima por bastante para ser atendido como anciano.
El Guardia de Seguridad Don Jorge Luis Santiago me ubicó en la última silla y esperé mi turno. Cuando me toca para someter los documentos y pagar los correspondientes derechos, un funcionario, de nombre «René», con voz de trueno, me indica que pase a la cola de «los parados»porque se atendería allí solamente a aquellos impedidos que tuvieran los documentos de su automóvil con su propio nombre y que eso era una regla estricta del colector. Hasta el momento, nadie había dicho lo contrario ni estaba a la vista para que lo leyera el usuario.
El prepotente y altanero funcionario, en voz alta, quizás molesto de atender tanta gente y no tener la capacidad ni la tolerancia, no me permitió explicarle mi condición de impedido. Yo no creo que hubiera podido resistir una segunda fila parado y menos a la «cola»como pretendía irrazonablemente el tal «René». Le indiqué de cualquier manera que el mismo policía había visto mi credencial de impedido y me había dicho en qué fila esperar y que era injusto que vinieran con una nueva regla incoherente e inusitada.
Al indicarle que interesaba hablar con su superior, me indicó que fuera a la Colectora, Mrs. Rodríguez. Esta estaba contando dinero y prefirió proteger los desmanes de su subordinado a dar atención a un reclamo de un ciudadano. Otra empleada me dijo que ella estaba muy atareada contando dinero.
En fin, no pude cumplir con mi deber de ciudadano y con mi interés de pagar los derechos de mi vehículo, cual es mi obligación, por la ineficiencia, indolencia, irresponsabilidad e insensibilidad de unos empleados y funcionarios que allí estaban.
Por último, cuando ya no vi solución ni atención adecuada, me identifiqué como miembro de la Prensa, no con el propósito de obtener una ventaja, sino en anticipo de que denunciaría este acto públicamente e informaría a todas las agencias fiscalizadoras de la violación que se me hizo a mi condición de edad y de incapacidad.
Esta situación no puede repetirse con nadie. Uno tiene medios para quejarse pero la mayor parte de los ciudadanos que reciben este mismo trato generalmente piensan que los funcionarios tienen la razón y no es así. Los empleados públicos son personas al servicio de los ciudadanos, pueden establecer reglas, pero estas no pueden ser discriminatorias ni abusivas.
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Nota Editorial: Nuestro respaldo completo al compañero Fernando Acobe, quien es periodista de la Voz Hispana de Nueva York y del Diario Vegabajeño de Puerto Rico, además de ser autor del libro Albedrío y coautor de ¿Cómo era Muñoz Marín?, entre otras publicaciones. Fernando es una persona culta y de suaves modales, no es pretencioso ni nunca hemos conocido de situaciones de violencia verbal o escrita de su parte. Al examinar los hechos luego de que los investigamos, no podemos menos que pedir a las autoridades gubernamentales que corrija esa situación indeseable que no solo existe en esa agencia, sino en muchas otras dependencias estatales.
Archivo del Diario Vegabajeño de Puerto Rico Segunda Etapa de Diciembre 2012 a Octubre 2016 