Agustín Santiago/EL VOCERO

El presidente de la Comisión cameral de Hacienda, Rafael Hernández Montañez, dijo que el Informe Financiero y Datos Operacionales del Estado Libre Asociado (ELA) que publicó el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) no le sirve como herramienta para evaluar y aprobar proyectos sensitivos como el de la Junta de Control Fiscal porque el mismo documento indica que no se trata de informes auditados.

Reclamó, además, al Ejecutivo tener una mejor comunicación con los funcionarios electos, particularmente cuando les reclaman aprobar proyectos a toda prisa.

“Es un documento que yo no puedo utilizar. Los documentos que nos han dado en los últimos cuatro o cinco meses no los puedo utilizar como referencia dentro del proceso legislativo porque tienen disposiciones de que no son efectivos como referencia y que no cumplen con los requisitos. Si tienes un documento que tiene un ‘disclosure’ que dice que no es admisible o que no se puede utilizar en un proceso para un tribunal, y yo estoy legislando como entidad que ejerce política pública, no lo puedo utilizar”, dijo HernándezMontañez. “Yo no puedo aprobar una medida haciendo referencia a un documento que no es confiable”.

El documento publicado el fin de semana, indica que al 30 de septiembre la chequera pública tiene un sobregiro de $370.3 millones, según publicó este rotativo. Hernández Montañez realizó ayer una vista pública para discutir el proyecto que propone crear la Junta de Control Fiscal. A la vista estuvieron citados el Departamento de Hacienda y la Oficina de Gerencia y Presupuesto. Según Hernández Montañez, durante la vista se ofreció información que contrasta con la contenida en el informe.

Este documento, dijo, “crea más incertidumbre”.

“Yo creo que lo primero que tienen que hacer es hablarle claro al país. Se les cuestionó que dicen una cosa por escrito y en la vista dicen otra”, dijo el representante. “O estamos todos en el mismo canal, o no vamos a poder salir de los problemas que tiene el gobierno”.

Perelló, por su parte, abogó nuevamente por una reestructuración de la deuda en vez de continuar discutiendo la posibilidad de un cierre gubernamental, la reducción de la jornada de los empleados públicos o no pagar el bono de Navidad.

“Primero debe ser la gente y la estabilidad económica del país, las pequeñas y medianas empresas. El impacto de una reducción de jornada, el impacto de un cierre o de no pagar el bono de Navidad es un impacto que tendrá muchos efectos”, dijo Perelló a la prensa al salir de la vista ayer. “El Tesoro (de Estados Unidos) está impulsando legislación porque Puerto Rico no puede pagar la deuda y no tendría ningún sentido coger la poca liquidez para pagar una deuda que no vas a poder pagar porque en enero viene otra deuda y por eso tenemos que negociarla. Tienen que entender los bonistas que hay que sentarnos a negociar. Puerto Rico no tiene dinero para pagar el vencimiento de las obligaciones y mantener operando el país”.

Según Perelló, las medidas de austeridad propuestas, como la reducción de la jornada laboral, el cierre del gobierno, dejar de pagar los reintegros, y no pagar el bono de Navidad “le hace daño al pueblo y a la economía”.

Al igual que Hernández Montañez, dijo que debe haber un solo mensaje desde Fortaleza y no mantener un doble discurso público.

“Tiene que haber un solo mensaje porque para sentarse con los acreedores hay que demostrar que no es mentira”, dijo al añadir que las advertencias de medidas de austeridad lo que demuestran es que no hay dinero para pagarle a los bonistas. “No puedes sacrificar la estabilidad del pueblo de Puerto Rico. No es que no se vaya a pagar, es que hay que renegociar la deuda y ese es el mensaje a los republicanos para que aprueben la medida de Barack Obama. Pero no podemos sacrificar la estabilidad del país, cerrar el gobierno, bajar la jornada, no pagar el bono y retener el reintegro”.

Según dijo, la única opción que hay es “seguir moviéndonos para que nuestros acreedores se sienten a negociar”.

“Nuestra responsabilidad es con la gente, que el dinero que pertenece a los puertorriqueños para invertir en la economía esté. No es sacrificar todo esto para pagar una deuda que no podemos pagar”, dijo Perelló. “Eso sería retrasar tanto el desarrollo económico que nunca nos vamos a poder levantar en nuestros pies”.

Por su parte, el presidente del Senado, Eduardo Bhatia, dijo en declaraciones escritas que “para lograr superar la crisis fiscal de Puerto Rico, hace falta total transparencia de las finanzas del país. La publicación del Commonwealth Report abona a esa transparencia”.

“Su lectura evidencia que por los pasados 15 años se ha distorsionado la verdad con implicaciones terribles para la sana administración pública. Eso se tiene que acabar ya. El informe evidencia además que los próximos meses van a requerir más decisiones serias y difíciles, pero necesarias para estabilizar las finanzas del gobierno”, dijo Bhatia. “Es evidente que para liderar las grandes transformaciones fiscales en Puerto Rico hace falta mucha voluntad, determinación y solidaridad. Esto nos toca a todos”.

Una de las recomendaciones que se traduce del documento apunta a un cierre del BGF. La portavoz de la delegación novoprogresista en la Cámara, Jenniffer González, dijo que esta parece haber sido la intención de la actual administración desde el principio.

“Todo ha sido parte de una estrategia para presionar a la Asamblea Legislativa para que una semana antes de la fecha final de aprobar medidas, apruebe tres proyectos que tienen que ver con el asunto fiscal”, dijo González. “Si esto es tan importante para el BGF, por que no están los estados auditados. Ciertamente creo que si la capacidad de financiamiento ya no está, debemos revisar la idoneidad de esa estructura”.

El aspirante a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP), Ricardo Rosselló, dijo por su parte que no cree el planteamiento del gobierno de que no hay dinero. Durante una asamblea que convoco ayer en un hotel de Fajardo, habló de su propuesta de “romper el gobierno”, lo que se traduce en convertir al gobierno en un contratador único, donde los empleados públicos pueden ser movidos entre agencias.

“Esa premisa (de que no hay dinero) la escuchamos hace tres años. Yo quiero ver los estados auditados. Si hay $29 mil millones, eso es dinero. Y hay que decir que esto es culpa de esta administración. Hablan de que se ha arrastrado por tantas administraciones, pero es culpa de esta administración.El ‘me vale’ le cuesta mucho a Puerto Rico”, dijo. “El segundo en mando también es responsable. El presidente del Senado, el presidente de la Cámara, también son responsables”.

Esta nota aparece en la edición impresa de El Vocero.

Maricarmen Rivera Sánchez, EL VOCERO

Más de 15 años de experiencia. Asignada a cubrir temas legislativos.