El segundo hallazgo de irregularidades de la Contralora de Puerto Rico

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CARLOS ALVELO ATAQUE POR GASTO CONTRALORPor Thomas Jimmy Rosario Martínez
Thomas Jimmy Rosario Martínez
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El segundo hallazgo de la Contralora de Puerto Rico sobre la administración PNP bajo los alcaldes Edgar Santana Rivera e Iván Hernández González  tiene que ver con las estrategias que a veces usan los alcaldes para burlar las leyes y los reglamentos.

Mientras se establece claridad y corrección con normas de sana administración, a éstas se le busca la vuelta para «hacer obra» y se trata de justificar necesidades con violaciones legales.  La consecuencia son los señalamientos sobre una ejecución que debería ser limpia y de ordinario responsable, convirtiendo estos riesgos en manchas en el desempeño.

El fraccionamiento del costo de obras, construcción de obras y compra de bienes sin obtener cotizaciones de precio, construcción de obras sin obtener previamente los permisos de construcción requeridos y deficiencias relacionadas con los expedientes de las obras es el segundo señalamiento.

La ley exige que debe mediar una subasta para la construcción o mejoras públicas mayores a un costo de $200,000. Para violar esta disposición, obras que en su costo total exceda dicha cantidad, se programan en distintas etapas, no oficialmente. En la compra de suministros el límite es de $100,000 y requiere tres cotizaciones en ambos casos, cuando no se exceda la cantidad dispuesta por ley.
edgar_santana_caricatura-160x211 (2)Dice el informe que «De febrero a noviembre de 2011, el entonces Alcalde Santana Rivera otorgó seis contratos por $1,133,654 a cuatro contratistas para la construcción y mejoras de instalaciones públicas. Las obras se fraccionaron en más de un contrato que fluctuaban de $3,295 a $200,000, lo que representó costos individuales que no excedían el límite establecido por ley. Con esto, se obvió el requisito de celebrar subasta pública. Los  contratos se adjudicaron mediante el procedimiento de solicitud de cotizaciones»…«En agosto de 2011 y abril de 2012, se formalizaron dos contratos para la construcción de obras por $225,482, cuyosimportes individuales no excedían de $200,000, sin obtener cotizaciones de precio de, por lo menos, tres proveedores representativos en el IVAN HERNANDEZ EN EL COMITE DEL PNPmercado. Un contrato por $192,500 pertenece a la administración del ex-Alcalde Santana Rivera y el otro contrato por $32,982 a la del ex-Alcalde Hernández González, Las compras mencionadas incluían una fotocopiadora, zapatos y equipo de seguridad, carpas, materiales de limpieza para piscina y trimmers, entre otros».
Tampoco se obtuvo los permisos de construcción de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) y los expedientes municipales no estaban debidamente documentados en los procesos de solicitar y obtener permisos y procedimiento de cotizaciones. De acuerdo a la Contralora, fallaron en sus funciones los directores de Finanzas, la Unidad de Compras, los directores de Obras Públicas, los inspectores de los proyecto y desde luego, los alcaldes.
En la situación de un muro de Jardines de Vega Baja, no hubo declaración de emergencia como dispone la ley. Ni siquiera solicitaron permisos de construcción o reconstrucción por parte del entonces alcalde Iván Hernández González.
Los alcaldes tienen asesores legales, ingenieros y otros funcionarios públicos y privados a su disposición que les orientan sobre lo que pueden o no hacer. Antes de juramentar su cargo toman cursos y reciben materiales sobre cómo realizar una sana administración. Algunos alcaldes son profesionales de por sí por lo que su conocimiento y destrezas son una bendición durante el desempeño, pero el exceso de confianza y creencia en la impunidad o la poca importancia que se le da a un estricto cumplimiento de las mínimas reglas establecidas, hacen que luzcan mal y que se expongan a situaciones como las que ya conocemos que ha ocurrido con nuestros últimos tres alcaldes.
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