Pierluisi toma el toro por los cuernos

Pedro Pierluisi ha hablado con sensatez y en la casa del trompo. The New York Times es una tribuna de importancia para los americanos y la toman en serio. Pierluisi dice cosas consentido y mucha seriedad. Uno puede diferir de lo que dice, pero no de la estrategia.

Dice el parte de prensa que para atajar el problema económico y fiscal de Puerto Rico, él escribe que  “antídoto” es la estadidad. Yo no estoy seguro si eso es una conclusión oportunista a tenor con la crisis económica de Puerto Rico debida a mala administración y politiquería interna que tenemos que aceptar como nuestra falla de muchos años, que comenzó precisamente con el gobernador que más hemos querido, que fue Luis Muñoz Marín. Pero pone el dedo en la llaga, sin dar oportunidad a pensar en más opciones, porque ciertamente bajo la estadidad estaríamos económicamente respaldados cn una seguridad económica permanente que ahora no tenemos. De hecho,la situación actual hace que nos quejemos, pero no podemos pedir igualdad al que no hemos querido como igual. La bola ha estado, desde hace muchos años, en nuestra cancha…y hemos culpado al americano de no querernos dar la estadidad.

“Para que Puerto Rico prospere, tiene que ser tratado con igualdad. Y para ser tratado con igualdad, tiene que convertirse en estado…en el 2012, los electores de Puerto Rico rechazaron el estatus territorial y expresaron su preferencia por la estadidad. El Congreso respondió autorizando una consulta avalada por el gobierno federal. Yo espero que esta consulta se lleve a cabo en el 2017. Si los votantes afirman su deseo de admisión, el Congreso tiene que colocar a Puerto Rico en el camino hacia la estadidad”, expresó Pierluisi. Parafraseando a Rubén Berríos, de su libro antológico que me regaló Miguel Ojeda, el Comisionado Residente está marcando la ruta de la estadidad. Y tenemos que escucharlo. No estoy de acuerdo de que el resultado de 2012 es concluyente porque fue trastabillado por el poder popular para minar su efecto como ha hecho con anteriores consultas al pueblo y no envía un mensaje a los que no conocen nuestra idiosincrasia política.

De paso, Pierluisi rechazó la comparación económica de la isla con Grecia.

La médula del problema lo expresa en la siguiente frase: «El gobierno federal tiene un poder casi absoluto sobre Puerto Rico, pero ha delegado en la isla casi la misma autoridad sobre sus asuntos locales que la que poseen los estados». ¿Acaso no nos damos cuenta de que tanto poder ajeno nos abruma? ¿No es momento de decidir nuestro destino por nosotros mismos? ¿Ser independientes o condueños reales de ese poder inmenso? «Es necesaria una dosis de realidad», ha dicho Pierluisi, quien está en su segundo cuatrienio en la Capital Federal.

«Puerto Rico es un territorio de Estados Unidos, donde viven 3.5 millones de personas que yo represento en el Congreso. Los puertorriqueños son ciudadanos americanos desde el 1917 y han servido en el ejército de Estados Unidos desde la Primera Guerra Mundial. Además, en los estados viven otros cinco millones de individuos de descendencia puertorriqueña y mientras las condiciones en Puerto Rico se deterioran, mis constituyentes se están mudando a los estados a un ritmo de 50 mil personas al año.

La analogía con Grecia es inapropiada. Puerto Rico no es un país soberano en una unión monetaria con Estados Unidos. Desde una perspectiva constitucional, Puerto Rico pertenece a los Estados Unidos. El gobierno federal tiene un poder casi absoluto sobre Puerto Rico, pero ha delegado en la isla casi la misma autoridad sobre sus asuntos locales que la que poseen los estados.

Tal vez en un esfuerzo por ser amables, algunos comentaristas se refieren a Puerto Rico como “Commonwealth” (Estado Libre Asociado), implicando que Puerto Rico tiene un estatus especial. Pero esta palabra no tiene ningún sentido práctico, como lo demuestra el hecho de que varios estados se llaman a sí mismos «Commonwealth».

La enfermedad de Puerto Rico es una condición crónica. La tasa de desempleo, la tasa de pobreza y el ingreso familiar siempre han sido peor que los de cualquier estado. La causa principal es la desigualdad. Los ciudadanos americanos residentes en la Isla no pueden votar por el Presidente ni por senadores y solo tienen a un delegado sin derecho al voto en la Cámara federal. Es desalentador ver a muchos autoproclamados progresistas que hablan elocuentemente sobre la importancia del derecho al voto, pero callan sobre el tema cuando se trata de Puerto Rico.

El Congreso rutinariamente trata a Puerto Rico y a los demás territorios peor que a los estados. Considere el Medicaid, que ofrece seguro de salud para los pobres. Los fondos federales de Medicaid disponibles para los estados son ilimitados, pero limitados para Puerto Rico. Los mil millones de dólares en asignación anual de Medicaid que Puerto Rico recibe de Washington representan alrededor del 20 por ciento de los $5 mil millones que recibe el Estado de Oregón, de tamaño similar. A Puerto Rico también se le trata de manera desigual bajo Medicare, a pesar de que mis constituyentes pagan los impuestos federales sobre nómina que financian gran parte de este programa. La Ley Federal de Cuidado de Salud Asequible -Obamacare- ha sido objeto de debate partidista, pero rara vez se ha mencionado como defecto de la ley el hecho de que los territorios están excluidos de la mayoría de sus nuevos programas y protecciones.

La lista es interminable. A Puerto Rico se le excluyó del programa de Seguridad de Ingreso Suplementario, que ayuda a los americanos más vulnerables. El territorio no participa en el programa federal de nutrición; en su lugar recibe fondos en bloque, por lo que recibe $450 millones menos de lo que recibiría si participara en el programa federal de nutrición como los estados. A Puerto Rico se le excluye parcialmente del crédito de impuestos por hijos y totalmente del crédito por ingreso del trabajo que estimula a las personas de bajos recursos a buscar empleo. A diferencia de los estados, Puerto Rico no puede autorizar a sus corporaciones públicas a buscar alivio bajo el Capítulo 9 del Código Federal de Quiebra, lo que impide su recuperación.

El argumento de que el trato desigual se justifica porque el Congreso no le requiere a los residentes de la isla pagar impuestos federales sobre los ingresos locales es débil. Casi la mitad de todos los hogares en los estados no ganan lo suficiente para pagar impuestos sobre ingresos, pero aún así son tratados con igualdad. Es más, como resultado de los créditos fiscales federales, es muy probable que una familia de clase trabajadora compuesta de cuatro miembros en los estados, tenga un ingreso neto mayor que una familia idéntica en Puerto Rico.

No es de extrañar, entonces, que Puerto Rico esté en recesión, tenga una deuda excesiva y pierda su población. El trato desigual a nivel federal, combinado con la mala gestión a nivel territorial, tienen un efecto perjudicial sobre la economía de la isla. Para compensar la falta de apoyo federal, el gobierno de Puerto Rico ha tomado prestado en grandes cantidades. Y cuando mis constituyentes se mudan a los estados, adquieren el derecho a votar por sus líderes nacionales y el derecho a la igualdad de trato ante la ley federal. Por tanto, lógicamente se van.

Habiendo diagnosticado mal la enfermedad de Puerto Rico, muchos comentaristas recetan la medicina equivocada, como eximir a Puerto Rico del salario mínimo federal. Una propuesta mucho más sabia sería conceder a Puerto Rico un trato más equitativo en los programas federales y créditos contributivos. El objetivo debería ser cerrar la brecha con los estados, no ampliarla.

A corto plazo, Puerto Rico puede manejar su crisis formulando políticas públicas más inteligentes, pero la única solución duradera es la estadidad. En una vista pública reciente del Congreso, les dije a mis colegas: “si nos dan los mismos derechos y responsabilidades que a nuestros conciudadanos americanos y nos permiten avanzar o fracasar en nuestros propios méritos, nos levantaremos. Pero si continúan tratándonos como ciudadanos de segunda clase, no finjan estar sorprendidos cuando fracasamos”.

En el 2012, los electores de Puerto Rico rechazaron el estatus territorial y expresaron su preferencia por la estadidad. El Congreso respondió autorizando una consulta avalada por el gobierno federal. Yo espero que esta consulta se lleve a cabo en el 2017. Si los votantes afirman su deseo de admisión, el Congreso tiene que colocar a Puerto Rico en el camino hacia la estadidad. Para que Puerto Rico prospere, tiene que ser tratado con igualdad. Y para ser tratado con igualdad, tiene que convertirse en estado».

Aunque es difícil unir intereses en un año preelectoral, los partidarios de la estadidad tienen una oportunidad de exigirles unidad a sus líderes en este momento histórico. No se puede seguir posponiendo acción local que es desde donde únicamente se puede originar el cambio. Pero no es una sola la dirección de la oportunidad, ya que los demás puertorriqueños que no son estadistas también pueden y deben hacer su parte por el amor a los que no hemos decidido irnos de esta económica y moralmente quebrada colonia.