Presupuesto municipal aprobado a pesar de la inacción legislativa

Por Miguel A. Ojeda Trinidad, Legislador Municipal

En la Legislatura Municipal estuvimos varias sesiones trabajando en la consideración del presupuesto. El alcalde cortó  sin nuestro consentimiento expreso fondos para dietas, en un acto para dominar el trabajo de fiscalización y provocar parecer que todo lo que hace, lo hace bien.

La Ley de Municipios Autónomos permite que ante la inacción de la Legislatura Municipal, el presupuesto para el próximo año quede aprobado. Es contrasentido que la Legislatura Municipal no pudiera ejercer su criterio por aparente conflictos de intereses causados por el mismo alcalde al permitir que familiares de legisladores municipales trabajen o tengan cargos o deberes en el poder ejecutivo que el dirige, lo que hace mandatoria la inhibición.

El problema de conflicto de intereses no permite aun en los tiempos de una aparente administración honesta que los que tienen que evaluar y fiscalizar la administración suelten sus ataduras para hacer su trabajo libre y responsablemente. Ningún familiar quiere perjudicar a su pariente, pero se perjudica al pueblo al comprometerse con el inmovilismo, como ocurrió cuando la Legislatura Municipal ya no tuvo los votos libres para aprobar su presupuesto.

Los legisladores que estén en esa situación deben decidir en qué lado quieren estar. Si deciden estar en el lado ejecutivo, deben renunciar a sus cargos en un gesto de honestidad personal. Ya el daño está hecho, porque este es nuestro tercer presupuesto y posiblemente la situación haya sido la misma en los años anteriores. La consecuencia para este año es que ya se perdió el tiempo porque no se aprobó el presupuesto, pero nunca es tarde para parar esa coincidencia de familiares que impiden que se pueda lograr un gobierno municipal indubitado.

Hay que terminar la costumbre de que el Gobierno Municipal sostenga a los familiares de los funcionarios como si se tratara de un negocio privado. El poder tiene unos límites. Eso interrumpe el desarrollo normal de la institución gubernamental en sus dos ramas, la ejecutiva y la legislatura y pone a los incumbentes en situaciones difíciles de explicar desde el punto de vista moral y legal.