El derecho de información

Por Thomas Jimmy Rosario Martínez, Director Ejecutivo DVPR

Los gobernantes, antes de ser elegidos, generalmente parecen personas buenas, desprendidas, solidarias y comprometidas con las mejores causas. Nunca demuestran que escondan mucho, pero cuando llegan al poder,  comienzan los misterios.

Los gobiernos nunca han sido claros con la prensa, aunque se dan recientes excepciones con el Papa y el  Presidente de Uruguay. Sin embargo, en los sistemas democráticos reales, la prensa es el vehículo más efectivo que tiene un ciudadano para velar por el cumplimiento de sus derechos y para forzar al gobierno a cumplir sus obligaciones.

El gobierno es muy poderoso, pero tiene unas fronteras de acción. Los derechos ciudadanos están delineados en la Carta de Derechos de cada constitución que nos rige y en miles de leyes y decisiones jurisprudenciales. Cada derecho es un límite al campo de acción del poder ejecutivo, legislativo y judicial y aun contra personas e instituciones privadas.

Algunos insuficientes de conocimiento y moral, asaltan el poder, creando estructuras paralelas para evitar ser cuestionados, alegando que la información gubernamental no puede ser divulgada. Eso permite espacios de tiempo en que no se conoce la realidad porque hay que seguir un procedimiento para validar los derechos de los ciudadanos en los tribunales.

Ayer, la Honorable Aileen Navas Auger,  Jueza Superior  del Tribunal de Primera Instancia de San Juan ordenó entregar a la prensa en 24 horas el informe que preparó la firma KPMG para el Estado sobre un análisis económico de Puerto Rico. La magistrada expresó que “las razones que expuso la representación legal del Estado para proteger la secretividad del documento no convencen al Tribunal” y que “el Estado falló en establecer la necesidad de no hacer público el documento”.

El Gobierno alegó que el informe era  “extremadamente técnico… y aunque no se ha entregado, hemos estado orientando en diferentes formas a la gente”, mientras el gobierno comenzó una campaña de orientación sobre la reforma contributiva. Eso es el colmo de la prepotencia y de la educación one way.

Decirle ignorante al pueblo refleja la calidad de los gobernantes. Esa acción lo que denota es deseos de controlar el pensamiento crítico, lo último que se podría hacer en una democracia después de acostumbrar a mentir públicamente sobre cada asunto que se presenta y de recular constantemente, manteniendo a este pueblo en una incertidumbre sobre su futuro.

Esas actitudes han llegado desde las instituciones religiosas hasta nuestra ciudad. En el Gobierno Municipal de Vega baja también ha ocurrido. En los tiempos de Edgar Santana la periodista Wilma Maldonado Arrigoitía de Primera Hora tuvo que acudir al Tribunal de Primera Instancia para que el alcalde no le «pichara» con repuestas evasivas y con no proveer información para sus investigaciones. También el pasado año tuvimos una situación similar cuando el actual alcalde se negó a ofrecer el proyecto de presupuesto a este diario.

A la prensa se le llama el Cuarto Poder porque en una democracia representa a los intereses de los ciudadanos en su derecho de estar informados para poder tener una vida segura y saludable. No hay, en teoría, ningún documento ni ninguna información que no pueda ser divulgada, siempre que no afecte derechos de terceras personas como asuntos médicos, finanzas, estrategias militares de defensa nacional o trabajo. La lista es corta y generalmente, no está en la multiplicidad de los documentos públicos. Además, tomando la palabra de lo que lo define, un documento público, no es, por definición, un documento privado. Eso es otra cosa.

En los tiempos del Presidente Richard Nixon, el llamado «privilegio ejecutivo» se limitó aun más, por los excesos del incumbente. Y si el que toma decisiones de seguridad máxima, no tiene el privilegio de los reyes de antes a quienes se le atribuía -como al Papa, que es otro rey- que no cometían errores, pues gobernantes de menor jerarquía tienen menos poderes para guardarse secretos, porque sus poderes están más fiscalizados y subordinados a los demás poderes sociales.

Hay que bajar a la tierra. Los que elegimos, no importa el tiempo, tienen en alguna ocasión que entregar su cargo, porque no es de ellos. Más tarde que temprano, las razones para no querer divulgar información se sabrán o se podrán inferir del contenido del documento. Esas actitudes, a veces engendran acciones delictivas.

Aquellos que crean en la sabiduría de la Biblia, abran los Evangelios y en el Libro de Lucas, busquen el capítulo 8, versículo 17 y disfruten lo siguiente: «Pues no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto, ni secreto que no haya de ser conocido y salga a la luz».