Pausa y reflexión: La quiebra del estado

Por Thomas Jimmy Rosario Martínez DVPR

Bajo el sistema español, no poder pagar las deudas era motivo de cárcel. Algunos vegabajeños como Leonardo Igaravídez, el Marqués de Cabo Caribe, pasó un tiempo en prisión como consecuencia del embrollo económico de la Central San Vicente.  Para los que era una cuestión de honor, como el patriarca de la familia Portela, cuando recibió la noticia de que sus inversiones habían caído en el mercado por circunstancias ajenas a él, entró en una depresión y optó por el suicidio.

Con la llegada de los americanos, vino la Ley de Quiebras. Desde entonces, no hemos tenido ningún recurso de origen puertorriqueño para solventar las deudas en caso de eventos de mala administración o circunstancias ajenas.

Hace unos años, la situación económica de los vegabajeños se comenzó a deteriorar como si fuera una epidemia. Para entonces nuestro compueblanos aun financiaban el crédito sin tarjetas sino a base de un compromiso con los comerciantes. El «fiao» era una alternativa para sobrevivir en el colmado de la esquina y la mueblería del pueblo, donde se anticipaba el expendio de comestibles y bienes y se cobraba a final de semana o del mes, dependiendo como recibiera su salario o pensión el deudor.

Antes de ese sistema de financiamiento, había préstamos donde no se cobraban intereses o los usureros, que los cobraban en demasía.

Los préstamos sin intereses eran otorgados generalmente por comerciantes o personas de buena posición económica que al tener recursos económicos en exceso, depositaban su confianza en personas de su familia o amistades cercanas que querían emprender alguna aventura comercial o para pagar gastos por una emergencia inusitada. Les he contado antes que en una ocasión en que a Don Ramón (Moncho) Meléndez, el padre de Luisito Meléndez Cano, se le quemó la tienda de provisiones, Don Antonio (Toño) Torres se presentó con una bolsa llena de dinero en efectivo y sin pedirle recibo, contar el dinero o hablar de cantidades le dijo que rehabilitara su tienda y que le pagara como él pudiera.

En cuanto a los usureros, puedo identificar a dos, cuyos nombres no pasarán a la historia que les cuento porque lo que antes era resolver una necesidad para el pobre hoy podría ser una vergüenza ajena para sus descendientes. Uno de ellos le prestaba dinero a los empleados municipales y el día de pago, estaba en las escaleras esperando que bajara su «cliente». El contrato entre ellos era prestar una cantidad y cobrar otra más grande, pero si la persona no podía pagar la cantidad original en el término acordado, los intereses a veces duplicaban la deuda al final del pago.

Otro utilizaba su mueblería para fiar mercancía que después que la persona hubiera pagado una cantidad sustancial, si fallaba en algún pago, iba a recoger la mercancía vendida, lo cual era ilegal, pero ante la ignorancia de las personas, esta situación se daba frecuentemente. Lo peor del caso es que lo recuperado, o sea, neveras, estufas, muebles y otros enseres, las revendía con un descuento y de nuevo «fiao» y mejoraba el rendimiento que le daba a su negocio.

Antes el Correo Federal era el banco del pueblo, donde se cambiaban los cheques y se ahorraba mediante la compra de unos sellos especiales. Después del Banco Popular, que se estableció en la Calle Acosta en 1953, se creó la Cooperativa de Ahorro y Crédito Vegabajeño. Luego vinieron las financieras y posteriormente otros bancos  y las casas de empeño.

La situación de los vegabajeños cambió a partir de la merma en el empleo industrial  y el abandono del comercio del casco del pueblo. Para entonces, se instaló la primer oficina de quiebras en nuestra ciudad y se comenzó a educar a los locales de su oportunidad de acogerse al beneficio de la ley federal que protegía a los deudores de la indebida forma de cobrar de los acreedores, que violaban leyes estatales y federales, en especial la Fair Debt Collection Practices.

La Ley Federal de Quiebras protegía y protege a personas individuales, asalariados o comerciantes, a negocios e industrias grandes y pequeñas. El estado, sin embargo, está excluído de la aplicación de la ley. En una ocasión dos alcaldes que encontraron sus arcas vacías, uno de Coamo y otro de Luquillo, me llamaron para ver si podían declarar en quiebra sus municipios ya que cuando llegaron encontraron vacías sus arcas,  con cobradores tocando las puertas y sin poder hacer obras ni disponer de dinero para la beneficiencia pública y el funcionamiento de las dos ramas. Luego de hacer el estudio legal correspondiente, les indiqué que la ley estaba hecha para el modelo de municipio corporativo americano, que los municipios eran creados legislativamente y que por lo tanto, no cabían dentro de la definición del capítulo.

Las teorías económicas de cada administración municipal de Vega Baja van de la frugalidad en gastos a la pérdida y robo de recursos. Actualmente hay menos fuentes de ingresos, menos crédito y bastante prudencia en la inversión y el gasto. A su manera, el alcalde está reestructurando las deudas del Gobierno Municipal hasta donde puede y le permiten las leyes y los tribunales, pero hace el esfuerzo a un costo mínimo y no se aventura a hacer obras faraónicas. Para los economistas, esto es pausa y reflexión. Es un momento importante de nuestra historia y no nos estamos dando cuenta.

La presente administración estatal, dentro de la imposibilidad de pagar, invertir y de hacer crecer sus instituciones corporativas, está creando un sistema de pago para sus acreedores mediante legislación. Eso es sensato, aunque se anticipa dificultades en su materialización tal como está concebido el instrumento.

Declarar la quiebra económica es un acto de honestidad. Fingir que se puede pagar y entretener a los acreedores concluirá en un rendimiento eventual para contar la verdad cuando sea demasiado tarde.  La quiebra del gobierno es muy parecida a la individual. Se tiene afectado el crédito, hay dificultad para pagar la deuda con sus intereses y se necesita un nuevo comienzo. Cuando decimos que estamos ahogados en deudas no nos referimos a ahogado con agua sino con aire. Un estado asfixiante necesita oxigenación. 

En lo que se pretende hacer no hay alternativa, ni es precipitado. Ya las opciones se acabaron y es el momento para no perderlo todo. La oposición tendrá sus argumentos para magnificar la ineficiencia de Alejandro García Padilla y de los legisladores, que de seguro, son ineficientes. Pero este asunto solo hay una manera de tratarlo y es aportando soluciones, no críticas, porque cada segundo del presente es importante. La culpa del pasado aquí no cuenta, sino la proyección del futuro.

Establecer otro órden es la ley del presente.