Por Thomas Jimmy Rosario Martínez DVPR
El Representante del Distrito 12, Héctor Torres, propuso un proyecto de ley que con el único propósito de economizar el dinero de la transportación, se juzgue a los confinados dentro de las instittuciones carcelarias. El siguiente es su argumento:
Ante la crisis fiscal que enfrenta el Gobierno de Puerto Rico, el representante del Partido Nuevo Progresista (PNP), Héctor Torres Calderón recomendó el ahorro de más de $6 millones de dólares con la creación de salas judiciales en las cárceles, para así evitar los gastos de transportación en los que se incurre al llevar confinados a las vistas y juicios.
El Proyecto de la Cámara 1957 crearía una colaboración entre la Rama Judicial y el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) para establecer salas destinadas para atender casos de confinados sumariados en las propias instituciones correccionales, a propósito de disminuir los gastos en los que incurre el Estado al transportar confinados a las distintas regiones judiciales del Tribunal de Primera Instancia de Puerto Rico. Con este medida se persigue a su vez, agilizar los procesos que se llevan a cabo contra éstos, en aras de garantizarles el derecho a un juicio rápido.
El representante pierde de perspectva tres aspectos constitucionales, la división de ramas de gobierno, juicio público y el juicio justo a que tienen derechos los acusados. Eso debiera saberlo el señor Torres, por cuanto fue agente del órden público y éste es el tercer término en la Cámara Baja.
La Administración de Corrección pertenece a la rama ejecutiva y los tribunales a la judicial. El juicio público es renunciable, pero lo tiene que hacer el acusado; el estado no puede renunciar por él. No me imagino acceso al público en un juicio público en la Cárcel de Bayamón, con el riesgo del movimiento de personas y suspendiéndose el acceso al penal cada vez que los presos se rebelan.
El representante alega economía en dinero, pero esa teoría es de mal gusto. La libertad no tiene precio y esa podría ser la diferencia entre hacer justicia o cometer injusticias. El precio económico de la transportación incluye muchos derechos del acusado para que sea un juicio justo, otro derecho constitucional.
Mi recomendación es que retire el proyecto. Tiene un strike en contra porque es un proyecto radicado por él como legislador de minoría y con esos tres problemas constitucionales al saque. Anticipo que es un proyecto natimuerto. No necesita cuatro strikes para poncharse…
Archivo del Diario Vegabajeño de Puerto Rico Segunda Etapa de Diciembre 2012 a Octubre 2016 