Es completamente saludable que en un sistema democrático como el que se vive en Puerto Rico se protejan a cabalidad los derechos de los ciudadanos.
El caso del asesinato de Julio Ramos Oliver a manos de David Bonilla Fernandez en medio de la celebración de la Fiestas de la Calle San Sebastián fue lo que utilizó la alcaldesa Carmen Yulin Cruz para diseñar un plan de seguridad que propuso registros del cuerpo y de las pertenencias de cada asistente , así como de vallas y verjas para limitar el libre flujo de las personas en el Viejo San Juan.
A petición de la Unión de Libertades Civiles (ACLU) , la jueza Giselle Romero paralizó la medida del registro a horas de que comenzára la festividad. Los abogados y defensores de los derechos civiles indican que la acción de la alcaldesa establece un precedente de parte del gobierno que afectaría de manera multitudinaria los derechos de los ciudadanos.
Antes de decidir sobre planes como este que impactarían posiblemente a más de medio millón de personas, es vital que se comunique con tiempo y se escuchen los grupos de interés y ciudadanos para crear un balance entre el nivel de seguridad que establecen los gobiernos y la protección de los derechos ciudadanos.
No justifico plenamente la acción de la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulin Cruz, pero estoy seguro de que ella tomó sus determinaciones basadas en el bien común de los ciudadanos que asistirían a las fiestas.
También lo haría pensando más en el cumplimiento de los deberes ciudadanos de parte de los asistentes porque la realidad es que en Puerto Rico se vive un sistema de muchos derechos y pocos deberes.
Archivo del Diario Vegabajeño de Puerto Rico Segunda Etapa de Diciembre 2012 a Octubre 2016 