Verde Luz| Ideas para la crisis de la vivienda

Si algo ha dejado meridianamente claro la recesión por la que atraviesa el país hace seis años en la cual han sido protagonistas la industria de la construcción y la banca hipotecaria es que la desregulación, lejos de garantizar la estabilidad económica y el bienestar general, es una invitación a la toma de malas determinaciones. El gran problema inmobiliario de Puerto Rico en estos momentos no es la necesidad de construir nuevas viviendas (sea en el Karso o en cualquier otra parte); es cómo atender la posibilidad, muy, muy real, de que 22,000 familias cuyas casas están pendientes de ejecución no se queden en la calle.  Esta crisis fue causada por una banca actuando por la libre, concediendo créditos superiores a la capacidad de pago de sus clientes, lo que a su vez permitió el aumento desmedido del precio de las viviendas. El gobierno, por su parte, contribuía con la deducción sin tope de intereses hipotecarios y, luego, socializando la pérdida de la construcción y de la banca a través de programas de incentivos diseñados, no para ayudar al ciudadano, sino para auxiliar a sectores económicos que no estaban dispuestos para asumir la responsabilidad por acciones y para mantener altos los precios en una economía que ya no podía sostenerlos. 

Hoy, por lo tanto, la respuesta no debe ser  como suele ser la costumbre repetir estrategias fracasadas. En un país en bancarrota, la mirada no debe dirigirse a la construcción de estructuras sin salida en el mercado  el inventario de casas y apartamentos sin vender asciende a miles  sino a la recuperación de centros urbanos,  con viviendas de precios accesibles y cercanas a centros de trabajo, estudio y provisión de servicios.

En el caso particular del Karso, en buena práctica democrática, no puede anteponerse el interés especulativo de un sector a las prioridades de planificación y participación del país.  Ante la falta de recursos de la agencia llamada a poner en vigor la reglamentación, la respuesta sensata es asignar esos recursos, no descartar la reglamentación. Tampoco me parece prudente descansar en las facultades de planificación de los municipios, que  en tantos casos han demostrado ser especialmente propensos a la ineptitud fiscal, la corrupción y la politización extrema.  De la misma manera, con toda probabilidad el tiempo certificará como un grave error las esperanzas desmedidas en la inversión extranjera, que como regla general acude a nuestra isla a sacar partido de los incentivos que tan mal negocio resultan para el tesoro público. Ninguna respuesta que evada la urgencia de fomentar la producción tendrá un efecto positivo a largo plazo.