La Asociación de Abogados de Puerto Rico rechaza el Proyecto del Senado 367 que intenta socavar la jurisdicción del Tribunal Supremo

El Proyecto del Senado 367 aprobado, anoche por el Senado, mediante un proceso atropellado, atenta seriamente contra la sana administración de la justicia en Puerto Rico. Para la Asociación de Abogados es preocupante la manera también inconsulta del trámite senatorial: sin vistas, sin análisis, sin ponderación, sin opiniones, sin comparaciones con otras jurisdicciones y tan sin siquiera aparentar su justificación. Se trata de un proyecto que afecta el
funcionamiento de nuestro sistema de justicia.

Asimismo, el Proyecto del Senado 367 representa un retroceso en la búsqueda de un sistema judicial más ágil y eficiente. Al limitar la facultad del Tribunal Supremo de Puerto Rico de emitir certificacionesintrajurisdiccionales se lacera el acceso a la justicia de un gran cantidad de ciudadanos, quienes tendrán que litigar sus casos por años en los tribunales inferiores, con todos los costos que
ello conlleva, aun cuando estos presenten controversias noveles que ameriten ser resueltas con premura por el Tribunal Supremo.
Además, al limitar en extremo el recurso de certioraria solo la revisión de sentencias finales del Tribunal de Apelaciones, con solo contadas excepciones, se cierran peligrosamente las puertas del más alto foro judicial y se dejan huérfanas de remedios a las partes que se vean afectadas por decisiones interlocutorias del Tribunal apelativo. En fin, con este proyecto se limita drásticamente el acceso a la justicia de la ciudadanía y se garantiza que la resolución de las controversias judiciales en Puerto Rico será mucho más lenta.

Específicamente se afectarían las conocidas reclamaciones de empleados
públicos para impugnar la constitucionalidad de la nueva ley de retiro
así como impugnaciones a leyes que no cumplan con la de Responsabilidad Fiscal y casos recientes como la inscripción del PIP. Esto es, tanto derechos civiles como económicos estarían en riesgo.

De prevalecer esta medida con vicios de inconstitucionalidad resultaría en que las reclamaciones tarden años en resolverse sin la posibilidad de revisión por el Tribunal Supremo. Se trata de una manera muy poco prudente de administrar y hacer justicia. Por ello solicitamos a la Cámara de Representantes o al Gobernador ser más juiciosos y que no den curso a una medida impensada que además resulta tan innecesaria como injusta.