1/28/2013 Por Thomas Jimmy Rosario Martínez, DVPR
El Alcalde Marcos Cruz apenas se comunica con la ciudadanía. A nuestro juicio, su grupo cercano de funcionarios y políticos del Partido Popular parece que saben algo, pero no mucho de los siguientes pasos que dará el alcalde. Eso crea ansiedad y sentimiento generalizado de decepción en los vegabajeños.
Supuestamente iba a nombrar a una persona por contrato como oficial de prensa, como lo han hecho los anteriores alcaldes, pero desde antes de tomar juramento oficial hasta esta fecha, no hemos recibido ningún comunicado de prensa. Tampoco hemos leído ninguna noticia en la prensa.
Nuestra posición consistente de siempre es que en Vega Baja no se necesita gente de afuera para servir de asesores o de funcionarios, pues tenemos talento y personas suficientemente preparadas en todas las áreas de desempeño humano. Se dice y no se ha refutado, que del gobierno y el Partido Popular a nivel central empuja sus candidatos. La última y la penúltima directoras de la Oficina de Asuntos Familiares parecen responder a ese criterio.
Hay nombres que suenan, como el Ex-Secretario del Trabajo, Victor Rivera. Ciertamente si la intención es contratarlo para trabajar con los casos pendientes de reclamaciones y demandas por asuntos laborales, nos parece que está cualificado y hay necesidad de hacer las sustituciones de abogados. Hay tambien un vegabajeño que fue Secretario del Trabajo y aunque desconozco su disponibilidad y no lo veo hace tiempo, debemos mirar primero hacia los nuestros. Su nombre es Luis Manuel Rivera González. Es popular y está alejado de la política.
Los casos laborales tienen varios problemas legales. Me dicen que hasta el actual alcalde está ya incluído y otros funcionarios actuales también. Eso implica que tienen que tener mucho cuidado con la forma en que transan estos casos, para que no se les señale ningún conflicto de interés.
De los que conozco, no sé de ninguna otra alternativa que sea la de tratar de llegar a acuerdos, pues las administraciones anteriores tenían unos abogados incompetentes que lo que hacían generalmente era extender los casos para cobrar más dinero de honorarios y salían de la representación de los casos cada vez que terminaba el año fiscal hasta que los volvían a contratar de nuevo, atrasando todo.
Además, tenían relaciones en el gobierno estatal, especialmente en las oficinas apelativas, donde se trataban esos casos con una lentitud pasmosa, beneficiando, obviamente a las administraciones de Edgar Santana e Iván Hernández que eran del mismo color político. Todos esos casos tienen un matiz de discrímen político, caracterizado por la doctrina del sopapo, que fue la que rigió en el pasado inmediato.
Archivo del Diario Vegabajeño de Puerto Rico Segunda Etapa de Diciembre 2012 a Octubre 2016 